Site Section: Advocacy and Programs

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Muchos trabajadores agrícolas son contratados para trabajar en las granjas a través de intermediarios, a menudo llamados “contratistas de mano de obra agrícola” o “jefes de cuadrilla”. Algunos de estos contratistas de mano de obra son bastante grandes y tienen subcontratistas. En algunos casos, las funciones de los contratistas de mano de obra son limitadas. Algunos transportan a los trabajadores; otros reclutan y contratan a los solicitantes de empleo; otros supervisan a los trabajadores en los campos. A veces, los empresarios agrícolas afirman que no “emplean” a ninguno de los trabajadores que recogen las cosechas en sus explotaciones, y que un contratista de mano de obra es el único “empleador” de los trabajadores agrícolas. De esta manera, algunos operadores agrícolas esperan evitar las responsabilidades que tienen los “empleadores” de pagar el salario mínimo, proporcionar entornos de trabajo seguros, ofrecer cobertura de seguro de compensación a los trabajadores y negociar de buena fe con un sindicato.

Justicia Campesina lleva muchos años trabajando contra estos abusos de diversas maneras. Fue un actor clave en la promulgación de la Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y Estacionales de 1983 (AWPA o MSPA, por sus siglas en inglés), que sustituyó a la ley de la década de 1960, la Ley de Registro de Contratistas de Trabajo Agrícola. Farmworker Justice también ha asistido en casos en todo el país que buscan responsabilizar al operador agrícola como “empleador” según la ley; por lo general, tanto el contratista de trabajo agrícola como el operador agrícola realizan las funciones que deberían significar que ambas entidades o personas son “empleadores”, es decir, que “emplean conjuntamente” a los trabajadores y son conjuntamente responsables del cumplimiento de la ley laboral.

Empresarios conjuntos

En 1997, nuestra defensa ayudó a persuadir al Departamento de Trabajo de EE. UU. para que revisara su normativa en relación con el concepto de responsabilidad del “empleador conjunto”, de modo que quedara más claro que la mayoría de las operaciones agrícolas que utilizan contratistas de mano de obra son los “empleadores conjuntos” de los trabajadores agrícolas, y conjuntamente responsables de los salarios mínimos y otras obligaciones de los empleadores.

En 1999, la UCLA Law Review publicó un artículo sobre estas cuestiones titulado “Enforcing Fair Labor Standards in the Modern American Sweatshop: Rediscovering the Statutory Definition of Employment“, del que eran coautores Bruce Goldstein, el profesor Marc Linder (Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa), Laurence E. Norton II (de Texas RioGrande Legal Aid) y Catherine K. Ruckelshaus (directora de Litigios del National Employment Law Project). El extenso análisis abogaba por volver a entender el lenguaje de la ley, que tiene su origen en las leyes estatales sobre trabajo infantil de finales del siglo XIX. Este artículo se citó en una decisión judicial clave de 2020 sobre el empleo conjunto.

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Justicia Campesina aplica normas laborales internacionales, participa en foros de derecho internacional y colabora con organizaciones internacionales de defensa del trabajo para capacitar a los trabajadores agrícolas de Estados Unidos y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.

Trabajadores agrícolas en EE. UU: una cuestión transnacional

Los trabajadores agrícolas de Estados Unidos han sido una mano de obra transnacional durante siglos. En la actualidad, los trabajadores agrícolas de Estados Unidos son predominantemente una mano de obra internacional. La mayor parte de los trabajadores agrícolas migrantes y estacionales son inmigrantes, la mayoría procedentes de México, incluida una creciente mayoría de indígenas que no hablan español, pero también de Guatemala, Honduras, Jamaica y Perú. La agricultura estadounidense es cada vez más un negocio global. El Gobierno de Estados Unidos utiliza el dinero de los contribuyentes para ayudar a los agricultores estadounidenses a vender sus productos en el extranjero. La demanda de mercados extranjeros por parte de los agricultores ha influido significativamente en las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Organización Mundial del Comercio y otros regímenes comerciales.

Photo by David Bacon

Cuestiones laborales en la legislación comercial internacional

Cada vez más, las negociaciones comerciales internacionales se enfrentan a cuestiones laborales. El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), también conocido como el “acuerdo paralelo laboral del TLCAN”, es un ejemplo de régimen internacional de derechos laborales. Con la globalización y la migración a través de las fronteras de decenas de millones de personas en todo el mundo, los países recurren cada vez más a las normas laborales internacionales, incluidas las de la Organización Internacional del Trabajo (una unidad de las Naciones Unidas).

Enfrentarse a la trata de seres humanos

Además, el considerable aumento del interés de los legisladores por la “trata de seres humanos” está directamente relacionado con la experiencia de los trabajadores agrícolas inmigrantes. Entre un tercio y la mitad de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos son contratados por los agricultores a través de “contratistas de mano de obra agrícola” u otros intermediarios laborales. Las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores agrícolas suelen producirse cuando se les coacciona para que trabajen para un contratista laboral, se les aplican deducciones salariales que crean una situación de servidumbre o se les impide físicamente abandonar las instalaciones de la explotación o se les retira la documentación de viaje. Las leyes federales contra el tráfico de mano de obra prohíben la captación y explotación laboral de una persona mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción.

Muchos cultivadores niegan que “empleen” a ninguno de los trabajadores de sus campos y se eximen de responsabilidad por las violaciones de los derechos laborales, las leyes de inmigración y las leyes penales contra la esclavitud y el peonaje. Farmworker Justice ha liderado los esfuerzos nacionales para reducir los abusos en la contratación laboral obligando a los cultivadores a aceptar su responsabilidad como “empleadores conjuntos” de los trabajadores junto con los contratistas. También hemos participado en esta labor a escala internacional.

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La inmigración es una cuestión de vital importancia para los trabajadores agrícolas. Más de la mitad de los aproximadamente 2,4 millones de trabajadores temporeros de las granjas y ranchos de Estados Unidos carecen de estatus migratorio autorizado. Estos trabajadores, como millones de estadounidenses antes que ellos, emigraron a Estados Unidos en busca de oportunidades y de una vida mejor para sus familias. Los trabajadores agrícolas, que trabajan muy duro, a menudo en condiciones peligrosas y por salarios muy bajos, hacen grandes contribuciones a nuestra economía y merecen un camino a la ciudadanía.

 El miedo de los trabajadores indocumentados a la deportación les priva del poder de negociación con sus empleadores y los inhibe de desafiar las prácticas ilegales de empleo. La presencia de tantos trabajadores agrícolas vulnerables deprime los salarios y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores agrícolas, incluidos los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes legales. Fuera del lugar de trabajo, la vida cotidiana de muchos trabajadores agrícolas indocumentados y sus familias está llena de miedo a una posible deportación y a la separación de la familia y los seres queridos.

Justicia Campesina está comprometida con una reforma migratoria que permita a los trabajadores agrícolas mejorar sus inadecuados salarios y condiciones de trabajo. El Congreso debe promulgar leyes que reformen nuestro sistema de inmigración y creen una hoja de ruta hacia la ciudadanía para los trabajadores agrícolas y sus familias.

Puede encontrar información sobre legislación y propuestas de reforma de la inmigración en las secciones de Aplicación de la Ley de Inmigración y Propuestas Legislativas de nuestro Centro de Recursos.

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Los trabajadores agrícolas se enfrentan con frecuencia a prácticas laborales abusivas a manos de empleadores sin escrúpulos. Con demasiada frecuencia trabajan para empleadores que esquivan las leyes del salario mínimo o practican otras formas de robo salarial, trabajan en condiciones insalubres o peligrosas, o se ven obligados a vivir en viviendas de calidad muy inferior. Los abusos laborales en la agricultura son difíciles de abordar porque el trabajo agrícola no está cubierto por muchas protecciones laborales importantes de las que disfrutan la mayoría de los demás trabajadores de este país. No obstante, los trabajadores agrícolas cuentan con algunas de las disposiciones de la Ley federal de Normas Laborales Justas (“FLSA”, por sus siglas en inglés) y de la Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y Estacionales (“AWPA”, por sus siglas en inglés) para proporcionar niveles mínimos de protección a los trabajadores. A continuación se describen con detalle estas leyes y su repercusión en la vida de los trabajadores agrícolas.

Para obtener información sobre los derechos de los trabajadores agrícolas en virtud de la legislación laboral estatal, consulte nuestro Mapa interactivo.

La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA)

La FLSA, promulgada originalmente en 1938, garantiza a la mayoría de los trabajadores un salario mínimo por cada hora trabajada. La FLSA también prevé el pago de las horas extraordinarias al exigir que la mayoría de los empleados que trabajan más de 40 horas en una semana laboral cobren una vez y media la tarifa salarial habitual por cada hora que supere las cuarenta horas semanales. La FLSA exige además a los empleadores que cumplan los requisitos de mantenimiento de registros, incluido el mantenimiento de registros de nóminas de los empleados.

Hasta 1966, la FLSA excluía a los trabajadores agrícolas. En la actualidad, la FLSA aplica las disposiciones sobre salario mínimo y mantenimiento de registros a la mayoría de los trabajadores y empresarios agrícolas. Los trabajadores agrícolas que cobran a destajo y no por horas tienen derecho a percibir el salario mínimo: sus ingresos medios deben ser suficientes para obtener un salario medio por hora al menos equivalente al salario mínimo. Sin embargo, las disposiciones de la FLSA sobre el pago de horas extraordinarias siguen sin aplicarse a los trabajadores agrícolas. Además, los numerosos trabajadores agrícolas empleados en explotaciones más pequeñas (cualquier explotación que emplee a menos de siete trabajadores aproximadamente en un trimestre natural) ni siquiera están protegidos por las disposiciones sobre salario mínimo de la FLSA.

La FLSA tiene protecciones contra el trabajo infantil que ofrecen menos protección a los trabajadores agrícolas que a todos los demás trabajadores. En virtud de la ley, para las tareas designadas por el DOL como “peligrosas”, hay una edad mínima de 18 años para todas las industrias excepto la agricultura, que tiene una edad mínima de 16 años para tales tareas, a pesar de que la agricultura es una de las tres industrias más peligrosas. En otros aspectos, la protección contra el trabajo infantil en la agricultura es menor que en otros sectores. Por ejemplo, para la mayoría de los trabajos la edad mínima normal es de 16 años (con pocas excepciones), pero en la agricultura es de 14 años (con muchas excepciones). Además, en la agricultura hay menos restricciones sobre el número de horas que pueden trabajar los niños.

Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y Estacionales de 1983

La Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y Estacionales (AWPA/MSPA) es la principal ley federal de empleo para los trabajadores agrícolas. Aunque la ley no concede a los trabajadores agrícolas el derecho a afiliarse a sindicatos ni el acceso a la negociación colectiva, contiene algunas protecciones importantes.

AWPA incluye los siguientes requisitos: los empleadores agrícolas deben revelar las condiciones de empleo en el momento de la contratación y cumplir con esos términos; los empleadores, cuando utilizan contratistas de trabajo agrícola (“FLC” o “crewleaders”) para reclutar, supervisar o transportar a los trabajadores agrícolas, deben confirmar que los FLC están registrados y autorizados por el Departamento de Trabajo de EE. UU.; los proveedores de vivienda para los trabajadores agrícolas deben cumplir con las normas locales y federales de vivienda; y los transportistas de trabajadores agrícolas deben utilizar vehículos que cumplan con las normas federales básicas de seguridad y estén asegurados. Al igual que la FLSA, la AWPA no se aplica a los pequeños empresarios.

En el pasado, los empresarios agrícolas han buscado la intervención del Congreso para debilitar sustancialmente las protecciones y la aplicación de la AWPA. Estas empresas suelen ejercer presión a través de asociaciones comerciales y otras organizaciones basadas en los productos básicos. Las propuestas legislativas han intentado reducir los requisitos de seguridad para el transporte y el alojamiento de los trabajadores agrícolas, debilitar los mecanismos de aplicación y definir de forma restrictiva las relaciones laborales, de modo que muchos cultivadores no puedan ser considerados “empleadores” responsables de las infracciones laborales. Las demandas de los empresarios agrícolas para que se modifique la AWPA son injustificadas. En lugar de debilitarla, la AWPA y su aplicación deberían reforzarse.